El presidente de Honduras amenazó con expulsar al ejército estadounidense de una base construida hace décadas en el país centroamericano si el presidente electo Donald J. Trump lleva a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
La respuesta de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en un discurso transmitido por televisión y radio el miércoles, fue la primera reacción concreta de un líder de la región al plan de Trump de enviar de regreso a millones de ciudadanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos.
La amenaza se produjo mientras los ministros de Asuntos Exteriores se reunían a finales de este mes para abordar la cuestión de las deportaciones.
“Ante una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el ámbito militar”, dijo Castro sobre Honduras.
“Sin pagar un centavo durante décadas”, agregó, “mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda razón de existir en Honduras”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, dijo después en una entrevista radial que el líder hondureño tenía el poder de suspender sin la aprobación del Congreso del país un acuerdo de décadas de antigüedad con Estados Unidos que le permitió construir la base aérea Soto Cano y operar desde allí la fuerza de tarea militar más grande de Estados Unidos en Centroamérica.
La medida presentaría graves riesgos para el pequeño país, que depende de Estados Unidos como su mayor socio comercial y fuente de ayuda humanitaria.
Will Freeman, investigador de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, dijo sobre la declaración del presidente hondureño: “Me sorprende un poco su audacia”.
Un portavoz del equipo de transición de Trump, Brian Hughes, respondió a la advertencia de Castro y dijo en un comunicado: “La administración Trump espera colaborar con nuestros socios latinoamericanos para garantizar que nuestra frontera sur sea segura y que los inmigrantes ilegales puedan regresar a su país de origen”.
Trump prometió deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados cuando asumió el cargo, pero su equipo de transición no ha compartido ningún plan concreto, lo que ha dejado a los gobiernos latinoamericanos en la incertidumbre mientras intentan prepararse. Trump también prometió aplicar un arancel del 25 por ciento a México y Canadá si no detenían el flujo de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.
La mayoría de los gobiernos de América Latina, incluido el de México, han trabajado para mantener una buena relación con Trump, al mismo tiempo que han buscado destacar las contribuciones que hacen sus ciudadanos a la economía estadounidense, cualquiera sea su estatus legal.
