Hugo Molina Martínez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, detalló para esta casa editora sobre su papel como representante de México en la Red DiscapAmérica, perteneciente a la Universidad Castilla de la Mancha.
El principal objetivo, dijo, es concientizar a los poderes de Gobierno y a la comunidad en general sobre los derechos que poseen las personas con alguna discapacidad en el país, bien sea motora, psicológica, temporal o permanente.
Tales declaraciones surgen luego de que, el 11 de abril, el magistrado diera a conocer que asistió de forma virtual a una reunión con los principales líderes de DiscapAmérica, para instalar más observatorios en distintos estados del país, entre ellos Jalisco, Oaxaca y Aguascalientes.
En ese sentido, expresó sentirse honrado de formar parte de este grupo de investigadores, pues el objeto del observatorio es involucrar al sector académico, gubernamental, y sociedad civil organizada en general, en lo que implica ser una persona con discapacidad y qué tipo de limitantes enfrentan día con día.Molina Martínez indicó que, en el estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), el Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH), y los tres poderes de Gobierno se han sumado a esta tarea, para hacer un análisis sobre las condiciones que enfrentan las personas discapacitadas en el Estado y así, generar políticas públicas adecuadas.
“Lo que estamos proponiendo es que, una vez que tengamos este análisis, hagamos propuestas legislativas dirigidas al Congreso. Nuestra tarea llega a decirles a los políticos, diputados, alcaldes, qué es lo que se debe hacer”, subrayó.
Recordó que en días pasados, los integrantes de la Red DiscapAmérica tuvieron, junto al Instituto Estatal Electoral, el primer encuentro de Personas con Discapacidad que Contendían a un Cargo en Chihuahua, el cual fue muy enriquecedor, pues los asistentes daban a conocer a las autoridades electorales propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas.
A su vez, precisó que en colaboración con la Secretaría del Trabajo, se realizó la Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad, misma que albergó a 70 empresas que ofertaron vacantes para este grupo socialmente vulnerable.
La intención de estas acciones, dijo, es socializar los derechos que tienen las personas con discapacidad, las cuales desde hace décadas se han visto en situaciones desventajosas debido a la falta de un marco legal que las ampare, o directamente, del desconocimiento del mismo.
“Hay un dato muy revelador, que solemos dar a conocer. El setenta por ciento de las personas está en contacto directo con una persona discapacitada, por lo que resulta fundamental sensibilizar a la ciudadanía en este tema”, mencionó.
En materia electoral, que es la rama donde el Tribunal Estatal al que pertenece el magistrado Molina trabaja, las autoridades jurisdiccionales buscan proteger los derechos político-electorales de las personas discapacitadas, así como fomentar su participación dentro de los cargos públicos de Chihuahua.
Hugo Molina indicó que fue designado como enlace de DiscapAmérica México en diciembre del 2023, cargo que desempeña con honor y amor al servicio social, pues -aclaró- el título es honorífico, por lo que no recibe un ingreso extra por las actividades que realiza.
Al ser originario de Chihuahua, detalló, el Estado se convirtió en la primera entidad en tener un Observatorio de las Personas con Discapacidad, mismo que fue instalado el 1 de marzo del 2024 en el Instituto Down.
Las reuniones entre representantes del sector académico, los tres poderes de Gobierno y de la iniciativa privada han sido constantes, precisó, y se han realizado en diferentes lugares, pues la Universidad Autónoma de Chihuahua ha auspiciado varios de sus encuentros en sus facultades.
Apenas en el proceso electoral anterior, informó Hugo Molina, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) emitió una sentencia donde determinaban que en los doce municipios más poblados de la región, por lo menos una fórmula de propietario suplente para regidurías o presidencia municipal y sindicaturas, fuera ocupada por personas discapacitadas o pertenecientes a la comunidad LGBTQ+.El resultado de esta sentencia, precisó, es que existen regidurías donde se representan a ambos grupos vulnerables, y establece la obligatoriedad de que las personas discapacitadas o de la comunidad LGBTQ+ participen en cargos públicos.
No obstante, indicó que aún existen grandes retos para saber si las acciones que realiza el TEE surgen efecto en las políticas públicas del Estado, pues necesitan examinar si en verdad se están generando acciones concisas y contundentes para visibilizar a las personas discapacitadas, o no.
En ese sentido, el Observatorio resulta importante, pues realiza una labor de consenso e investigación dirigida hacia los sectores sociales y económicos, además de emitir recomendaciones para atacar áreas de oportunidad que los representantes sociales no vieron en su momento.
