Iván Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta frontera, señaló que ellos como cámara empresarial no pueden sentarse a dialogar ni negociar con personas que se dedican a extorsionar a comerciantes de está frontera.
Lo anterior, luego de que la semana pasada estuvieron en esta frontera integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de la República Mexicana, quienes ofrecieron una rueda de prensa y durante tres días visitaron establecimientos comerciales para notificarles que debían realizar un pago para obtener una licencia que les permitiera tocar en sus negocios las canciones protegidas por los derechos de autor y que generan regalías.
Pérez Ruiz señaló que no existe fundamento legal ni un marco jurídico válido para estas exigencias, por lo que las acciones de los representantes de la SACM carecen de validez y de sustento legal.
“Hemos insistido y no nos cansaremos de denunciar: lo que estas personas están haciendo se llama extorsión y chantaje. Vienen a Juárez y quieren asustar a la gente con el ‘petate del muerto’, con un ordenamiento jurídico anacrónico que data de 1996 y no se ha actualizado. No vamos a permitir que vengan a extorsionar a los empresarios de nuestra frontera”, declaró Pérez Ruiz.
El dirigente empresarial mencionó que se enteró por medios de comunicación que los integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores estaban buscando la forma de dialogar y negociar con la cámara empresarial, sin embargo Pérez Ruiz indicó que ellos no tienen por qué dialogar con personas que toman la extorsión como una forma de obtener ingresos de manera fácil.
Pérez Ruiz informo que los funcionarios de la SACM visitaron la semana pasada un conocido hotel de está frontera, negocio en el que trataron de colocar bolsas negras en las pantallas de televisión, así como de inhabilitar bocinas y sistemas de audio, esto derivado de que en dicho hotel se estaba reproduciendo música supuestamente protegida.Añadió que los empleados de la cadena hotelera no permitieron tales acciones. Además, la persona que encabezaba al grupo exigió el pago de 150 mil pesos por una licencia anual, cantidad que posteriormente bajaron a 100 mil y después a 50 mil pesos.
“La verdad es que esto es una extorsión a todas luces y vamos a tener que tomar acciones para evitar estas actitudes que rayan en la comisión de un delito”, finalizó Pérez Ruiz.
