Las madres y padres de personas ausentes deben recabar información y acreditar que sus familiares no están vinculados a actividades ilícitas, mientras enfrentan la negligencia de las autoridades y la exposición a territorios controlados por grupos criminales, señaló la investigadora Hazel Dávalos Chargoy.
En Ciudad Juárez, la desaparición forzada se ha convertido en una de las formas más graves de violencia, no solo por la privación de la libertad, sino por la respuesta insuficiente de las autoridades y la exposición constante de las familias a riesgos adicionales.
Investigadores señalan que esta figura, no reconocida legalmente, se caracteriza por la negación de las autoridades a aceptar la privación de la libertad, lo que limita la protección legal de las víctimas y la atención a sus familiares.
“La forma más grave de violencia que viven las madres y padres es perder a un hijo o familiar cercano —puede ser un nieto, hermanos, padres o madres—, y esto generalmente es resultado de un conjunto de desigualdades sociales, económicas y de segregación espacial que facilitan estas violencias”, explicó Dávalos Chargoy, doctora en Ciencias Sociales.
Además de la desaparición misma, los familiares enfrentan violencia institucional. “Las instituciones del Estado no atienden sus demandas, son omisas y negligentes, y muchas veces la sociedad también las criminaliza, tanto a ellas como a sus hijos”, afirmó la especialista.
Según Dávalos Chargoy, las familias deben demostrar que sus desaparecidos no tienen vínculo con actividades ilícitas para poder acceder a la atención o investigación correspondiente, obligándolas a “acreditarse como buenas víctimas”.
La responsabilidad de buscar información recae en gran medida sobre los familiares. “Las madres son quienes recaban los datos para llevarlos a las autoridades. Esto las expone a riesgos al entrar en territorios controlados por grupos criminales y al interactuar con personas que pueden estar vinculadas al desaparecido”, señaló.
Entre la información que deben aportar se encuentran domicilios, lugares de trabajo, contactos y horarios de los desaparecidos, datos necesarios para que las autoridades puedan realizar entrevistas e investigaciones.
El peligro al que se enfrentan estas familias es alto. La búsqueda implica riesgos físicos y un desgaste emocional intenso, al navegar un sistema que muchas veces las obliga a probar la inocencia de sus seres queridos. La investigadora enfatiza que este proceso prolongado y lleno de obstáculos hace evidente la necesidad de reforzar la protección y atención a quienes buscan a sus familiares.
En la ciudad se tienen poco más de 4 mil casos de desaparición forzada desde el 2008 hasta inicios del 2024, lo que refleja que esta dinámica no cesa y que las familias se fragmentan ante la ausencia de sus seres queridos.
“Uno podría pensar que la mayoría fueron en la época del Operativo Conjunto Chihuahua (2008-2013), sin embargo, los datos muestran también años como el 2017, 2019 y 2022, con registros de 5 o 6 casos en cada uno”, explicó el doctor Salvador Salazar Gutiérrez, tras analizar las denuncias establecidas ante las autoridades correspondientes.
