Doña María de Lourdes y su esposo gastan por lo menos la tercera parte de su pensión de adultos mayores en medicamentos. Ella tiene 67 años y es diabética; él, de 70, padece presión arterial y otras afecciones del corazón.
Viven sólo con esa ayuda bimestral. Antes, cuando había más fuerzas, ella se dedicaba al empleo doméstico y él trabajaba en la construcción, como albañil. “A veces es comer o comprar la medicina, porque no da para las dos cosas y la comida también ha subido”, describió doña Lulú, como la llaman sus vecinos en Iztapalapa.
La historia de esta pareja, reflejo de la realidad mexicana, ejemplifica los hallazgos de un seminario sobre Derecho y Medicina realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, cuyo tema central fue el impacto a la salud colectiva por el drástico aumento en los precios de medicamentos durante el presente sexenio.
Conforme a los datos revelados durante el encuentro “Análisis jurídico del control de precios de medicamentos”, el costo de las medicinas más usadas por los mexicanos, tanto para las enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, cáncer e hipertensión) como para las cotidianas (respiratorias y gastrointestinales) se incrementaron entre 200 y 300 por ciento del 2020 a la fecha.
“La fosfomicina 200 por ciento, el ácido clavulónico 250 por ciento; los antibióticos en lo general y varios medicamentos para controlar el cáncer, los quimioterápicos, como fluorouracilo o vincristina entre 200 y 300 por ciento”, ilustró Rubén Fernando Cano, único médico en el staff de investigadores del IIJ.
Pero la lista es mucho más larga. Y el panorama, desolador, en especial por el fracaso de las instituciones avocadas a suministrar medicamentos a los ciudadanos.
“Sabemos el acto fallido que fue el Insabi, y cómo ha sido reclamado a otras instituciones del sector público la omisión o negativa de suministrar medicamentos”, señaló Cano.
