* Morena defiende que el nuevo marco fortalece la lucha contra la corrupción y el contrabando
* La oposición advierte que no toca las redes del “huachicol fiscal” ni la opacidad militar en los puertos.
Ciudad de México.– Entre acusaciones cruzadas, carteles con bidones y la sombra de un escándalo de contrabando que ronda los 600 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma integral a la Ley Aduanera, una de las más amplias modificaciones al sistema de comercio exterior mexicano en los últimos veinte años.
El dictamen —aprobado con 338 votos a favor y 129 en contra— reforma 65 artículos, adiciona 44 y deroga nueve, con el objetivo de “cerrar las puertas a la corrupción en las aduanas”, según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.
Fin de las patentes perpetuas
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fin de las patentes vitalicias para agentes y agencias aduanales, que ahora tendrán una vigencia de 20 años, prorrogables una sola vez por el mismo periodo. Además, los agentes deberán certificarse cada tres años para mantener su autorización activa.
El cambio, defendido por Morena como un paso hacia la profesionalización y la transparencia, implica también la eliminación de las “excluyentes de responsabilidad”, aquellas cláusulas que blindaban a los agentes ante irregularidades cometidas por terceros durante las operaciones.
“Con este nuevo marco, quien participe en una operación irregular —sea agente, agencia, importador o exportador— podrá ser sancionado de forma corresponsable”, explicó Altamirano.
En palabras del legislador, el propósito es “romper los mecanismos de simulación que permitían ampararse en terceros para evadir la ley y lavar mercancías o combustible”.
Consejo Aduanero y mayor control político
La nueva legislación crea el Consejo Aduanero Nacional, un órgano que integrarán la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la Secretaría de la Función Pública o Anticorrupción.
Este consejo tendrá facultades para expedir, suspender o revocar patentes y autorizaciones aduanales, así como para establecer criterios técnicos de operación.
La oposición: “Una farsa propagandística”
El debate fue encendido. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la iniciativa como insuficiente, centralizadora y persecutoria, y señalaron que el Consejo Aduanero Nacional podría convertirse en un mecanismo de control político, al concentrar decisiones estratégicas que antes estaban distribuidas entre distintas áreas del SAT y la ANAM.
“Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia del huachicol fiscal”, acusó el vicecoordinador panista Federico Döring, al recordar que el contrabando de combustibles ha provocado pérdidas por más de 600 mil millones de pesos en cinco años.
“Esta no es una reforma anticorrupción, sino una cortina para mantener impunes a quienes desde el poder político permitieron que 31 buques descargaran hidrocarburos ilegales en Altamira y Tampico”, añadió el priista Christian Castro Bello, quien denunció la complicidad de mandos navales en la operación del llamado huachicol fiscal.
La bancada de Morena respondió señalando que fueron precisamente los gobiernos panistas los que “abrieron las aduanas al crimen”, recordando el episodio del operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de armas al país durante el sexenio de Felipe Calderón.
Un diagnóstico de fondo: corrupción institucionalizada
La reforma se presenta como parte de una estrategia de la administración de Claudia Sheinbaum para limpiar el sistema aduanero, históricamente uno de los espacios más permeados por la corrupción institucional.
Según datos del SAT, solo entre enero y septiembre de este año se han abierto 109 expedientes penales relacionados con fraudes fiscales en aduanas, que representan pérdidas al erario por 22 mil 843 millones de pesos.
El huachicol fiscal, nombre popular para el contrabando de combustibles mediante facturación falsa o importaciones subvaluadas, ha sido una práctica constante que involucra a redes de empresas fachada, funcionarios y operadores logísticos en puertos y fronteras.
Impacto en el sector y transición operativa
Los agentes aduanales, representados por la CAAAREM y las asociaciones regionales, han expresado preocupación por la amplitud de las responsabilidades impuestas. Consideran que el nuevo esquema los convierte en garantes absolutos del cumplimiento normativo de importadores y exportadores, incluso en procesos donde no tienen control directo.
También cuestionan la falta de claridad sobre el proceso de renovación de patentes, los criterios de certificación y el alcance de la corresponsabilidad solidaria, que podría derivar en litigios administrativos y fiscales.
Sin embargo, la ANAM argumenta que el modelo busca homologar prácticas internacionales y fortalecer la trazabilidad de las operaciones comerciales, además de digitalizar procesos y reducir el contacto humano en los trámites aduanales.
Lo que sigue
La reforma pasa ahora al Senado de la República, donde se discutirá en lo particular durante los próximos días. Fuentes del bloque oficialista prevén su aprobación antes de que termine octubre, con entrada en vigor escalonada a partir de enero de 2026.
Mientras tanto, la iniciativa privada insiste en la necesidad de reglas claras para la transición, y en la creación de un sistema de capacitación urgente para evitar colapsos operativos en los puntos fronterizos y marítimos.
El fondo político
Más allá de su alcance técnico, la reforma aduanera se ha convertido en una prueba de fuerza política para el nuevo gobierno.
Morena la presenta como símbolo de su lucha anticorrupción; la oposición la exhibe como un ajuste cosmético que no toca las estructuras que realmente lucran con el comercio exterior.
